El presidente Donald Trump emitió el pasado 19 de mayo una orden ejecutiva titulada «Restaurando la integridad del sistema financiero de Estados Unidos», que tiene como objetivo limitar el acceso de los migrantes indocumentados al sistema financiero del país y, en consecuencia, dificultar el envío de remesas al exterior.
La medida impacta directamente a millones de familias en México, Centroamérica y el Caribe, que dependen de las remesas enviadas por sus familiares desde Estados Unidos como principal fuente de ingresos. Solo en México, las remesas representaron en 2025 más de 60.000 millones de dólares, convirtiéndose en la primera fuente de divisas del país.
El gobierno mexicano y varios países centroamericanos han expresado su preocupación ante la medida y anunciaron que estudiarán mecanismos alternativos para facilitar las transferencias económicas de sus ciudadanos en el exterior.
Organizaciones de derechos humanos han calificado la orden ejecutiva como una medida que afecta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, y han anunciado acciones legales para impugnarla ante los tribunales federales.
