Un tribunal federal de apelaciones emitió una orden cautelar que suspende temporalmente la exigencia de acuerdos de confidencialidad (NDAs) a los empleados del gobierno federal, en respuesta a demandas presentadas por sindicatos y grupos de derechos civiles. El juez señaló que los contratos impuestos por la administración Trump plantean serias dudas constitucionales sobre la libertad de expresión de los funcionarios públicos.
La Casa Blanca anunció que apelará la decisión y defiende los NDAs como instrumentos necesarios para proteger información sensible del gobierno. El caso está siendo seguido de cerca por expertos en derecho constitucional, ya que podría establecer un precedente importante sobre los límites del poder ejecutivo sobre los trabajadores federales.
El tribunal señaló que la amplitud de los NDAs —con prohibiciones de por vida incluso después de dejar el servicio federal— excede cualquier precedente legal conocido. Varios ex funcionarios de administraciones anteriores, tanto republicanas como demócratas, han respaldado los recursos judiciales, argumentando que estas restricciones amenazan el principio básico de que el gobierno trabaja al servicio del pueblo.
