Al menos 15 migrantes latinoamericanos fueron deportados por las autoridades de Estados Unidos directamente a la República Democrática del Congo, un país con el que no tenían ningún vínculo cultural, familiar ni legal, confirmó la Cancillería de Ecuador esta semana. La revelación ha generado una ola de indignación en la región y ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos internacionales como una violación flagrante de los principios de no devolución del derecho internacional de refugiados. Entre los deportados figuran ciudadanos de Ecuador y de otros países centroamericanos y sudamericanos.
El uso de terceros países como destino de deportaciones es una práctica que la administración Trump ha intensificado en el último año como parte de su política migratoria de tolerancia cero. Washington ha firmado acuerdos con varios gobiernos —entre ellos El Salvador y Ruanda— para recibir a migrantes deportados que no son nacionales de esos países. El caso de las deportaciones al Congo, sin embargo, ha sorprendido por su carácter inédito y por la falta de vínculos entre los deportados y el país de destino, lo que según los abogados de las víctimas constituye una violación de normas internacionales fundamentales.
Las cancillerías de Ecuador, Colombia y Venezuela han convocado a los embajadores estadounidenses para exigir explicaciones y solicitar la repatriación inmediata de sus ciudadanos deportados a la República Democrática del Congo. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han pedido al Congreso de Estados Unidos que abra una investigación sobre estas prácticas y exijan al Ejecutivo que garantice el debido proceso para todos los migrantes sometidos a procedimientos de deportación. El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. no ha emitido comentarios oficiales sobre el caso hasta el momento.
