El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su gobierno ha decidido frenar un plan de venta de energía eléctrica a Costa Rica, en respuesta a las críticas formuladas públicamente por la presidenta costarricense Laura Fernández sobre la gestión panameña de la migración irregular en el Darién.
La decisión agudiza las tensiones diplomáticas entre ambos países vecinos, que comparten una frontera por la que han transitado en los últimos años cientos de miles de migrantes provenientes de Venezuela, Haití, Ecuador y otros países de la región en su ruta hacia Norteamérica.
Mulino justificó la medida argumentando que Panamá no puede ser criticada por aliados regionales mientras gestiona sola una crisis migratoria de dimensiones históricas, sin el apoyo suficiente de la comunidad internacional. El mandatario panameño reclamó una mayor solidaridad de los países centroamericanos ante el fenómeno.
Costa Rica, por su parte, lamentó la decisión y llamó al diálogo para resolver las diferencias por vías diplomáticas. La cancillería costarricense señaló que el suministro eléctrico afectado podría impactar en zonas fronterizas y solicitó una reunión de urgencia entre ambos gobiernos.
