El Congreso de México aprobó por amplia mayoría la reforma constitucional que reduce la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales, convirtiéndose en uno de los primeros países de América Latina en adoptar esta medida. La reforma fue impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y fue respaldada por sindicatos y organizaciones laborales de todo el país.
Los empresarios mexicanos y algunas cámaras de comercio expresaron su preocupación por el impacto en la competitividad de la industria manufacturera, especialmente en el sector del nearshoring que ha crecido exponencialmente en los últimos años. El gobierno respondió que la medida mejorará la productividad y la salud de los trabajadores.
La reforma laboral en México entra en vigor de forma gradual: empresas con más de 250 trabajadores deben adaptarse en seis meses, mientras que las pequeñas y medianas empresas tienen hasta 18 meses. El sector manufacturero de exportación ha pedido flexibilidad en la implementación para no perder competitividad frente a países como Vietnam e India, que compiten directamente por la inversión industrial captada por México gracias al nearshoring.
