La administración Trump ha comenzado a exigir a empleados de agencias federales clave que firmen acuerdos de no divulgación (NDAs) de por vida como condición para continuar en sus cargos. Según documentos obtenidos por medios estadounidenses, los acuerdos prohíben a los trabajadores revelar información sobre reuniones internas, decisiones políticas y comunicaciones con la Casa Blanca, incluso después de dejar el gobierno.
Grupos de derechos civiles y sindicatos de empleados públicos han presentado demandas judiciales contra la medida, argumentando que viola la Primera Enmienda y normas de transparencia gubernamental. Un juez federal emitió una orden temporal bloqueando la aplicación de los NDAs mientras los tribunales analizan su constitucionalidad.
Los NDAs incluyen cláusulas que prohíben hablar con medios de comunicación, congresistas o inspectores generales sobre asuntos relacionados con sus funciones sin autorización previa de la Casa Blanca. Expertos constitucionalistas señalan que esto podría vulnerar las protecciones para denunciantes y socavar los mecanismos de rendición de cuentas del poder ejecutivo ante el Congreso.
