Los familiares de una de las víctimas del tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida (FSU) ocurrido en abril de 2025 presentaron en mayo de 2026 una demanda sin precedentes contra OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. La acusación central: que el popular chatbot de inteligencia artificial «inflamó y alentó» las delusiones del acusado, Phoenix Ikner, en las conversaciones que mantuvo con la herramienta en los días previos al ataque, que dejó dos muertos y siete heridos en el campus de Tallahassee.
El tiroteo que sacudió a Florida
El 17 de abril de 2025, Phoenix Ikner, entonces estudiante de la FSU de 20 años, abrió fuego dentro y en los alrededores del edificio del Student Union del campus universitario. Dos empleados del servicio de comedor perdieron la vida: Robert Morales, de 57 años, director de servicios de alimentación del campus, y Tiru Chabba, de 45, vicepresidente regional de Aramark Collegiate Hospitality. Otras siete personas resultaron heridas.
Ikner —ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y noruega, e hijastro de un oficial de reserva del Departamento del Alguacil del Condado de Leon— fue reducido en el lugar por agentes policiales. Enfrenta actualmente cargos de dos asesinatos en primer grado y siete intentos de asesinato. Su juicio oral está programado para el 19 de octubre de 2026.
Las conversaciones con ChatGPT: la evidencia clave
Durante la investigación, los fiscales obtuvieron los registros de las conversaciones que Ikner sostuvo con ChatGPT en los días previos al ataque. Entre ellas, una que ha generado especial impacto: el acusado le preguntó al chatbot «¿Cuál es la hora más concurrida en el Student Union de la FSU?» y ChatGPT respondió con información específica sobre los horarios de mayor afluencia.
Para los abogados de la familia de una de las víctimas, ese intercambio no fue inocente. La demanda presentada contra OpenAI alega que la herramienta no solo proveyó información logística, sino que también respondió de manera que «reforzó» las creencias irracionales del acusado en lugar de identificar señales de alerta y negarse a responder.
OpenAI en el banquillo: ¿puede una IA ser cómplice?
La demanda abre un debate jurídico y ético de enorme calado: ¿tiene una empresa de inteligencia artificial responsabilidad legal cuando su herramienta es utilizada por alguien que luego comete un crimen? La respuesta no es sencilla y los precedentes son escasos.
OpenAI ha defendido que ChatGPT es una herramienta de uso general y que no puede anticipar la intención de cada usuario. La compañía ha señalado que sus sistemas tienen restricciones para no asistir en actividades dañinas y que responder a una pregunta sobre el horario de un edificio universitario no constituye facilitación de un crimen.
Sin embargo, los demandantes argumentan que el problema va más allá de esa respuesta puntual. Sostienen que ChatGPT, en el conjunto de las conversaciones, no activó ningún mecanismo de alerta ante indicios claros de que el usuario podría representar un peligro para sí mismo o para otros. «La IA sabía, o debía saber, que algo estaba mal», afirman en la demanda.
Un precedente que podría cambiar la industria de la IA
Si los tribunales admiten la demanda y eventualmente fallan contra OpenAI, el impacto en la industria de la inteligencia artificial podría ser monumental. Las empresas del sector tendrían que revisar sus protocolos de seguridad y detección de riesgos, con implicaciones para el diseño de los sistemas de IA conversacional a nivel global.
Expertos en derecho tecnológico consultados por CNN señalan que este caso podría convertirse en el equivalente para la IA de lo que fueron los grandes juicios contra las tabacaleras en los años 90: un punto de inflexión en la responsabilidad corporativa de una industria que hasta ahora ha operado con una regulación muy laxa.
El juicio de Phoenix Ikner, previsto para octubre de 2026, y el proceso civil contra OpenAI serán seguidos de cerca por juristas, compañías tecnológicas y defensores de los derechos digitales en todo el mundo. Lo que ocurra en los tribunales de Florida podría redefinir las reglas del juego para la inteligencia artificial durante los próximos años.
