Al menos 15 migrantes latinoamericanos —entre ellos ciudadanos de Perú, Ecuador y Colombia— fueron deportados por el gobierno de Estados Unidos directamente a la República Democrática del Congo, un país con el que no tienen ningún vínculo geográfico, cultural ni familiar. El hecho, denunciado por organizaciones de derechos humanos y confirmado por las cancillerías de varios países afectados, ha generado una ola de indignación internacional y reavivado el debate sobre los límites de la política migratoria de la administración Trump.
Un vuelo a ningún lugar conocido
El primer grupo —de aproximadamente 45 solicitantes de asilo— llegó a Kinshasa, capital del Congo, en un vuelo operado por la aerolínea Omni Air International desde el estado de Louisiana. Entre los deportados se identificaron al menos siete peruanos y tres ecuatorianos, según confirmaron las cancillerías de ambos países. El resto serían de nacionalidad colombiana.
Ninguno de ellos tenía vínculos con la República Democrática del Congo. Muchos llevaban meses en centros de detención en Estados Unidos a la espera de que sus casos de asilo fueran resueltos. En cambio, se encontraron en un país desconocido, sin hablar el idioma local, sin contactos y sin apoyo consular efectivo.
Parte de un acuerdo migratorio con la administración Trump
Las deportaciones a terceros países son parte de una serie de acuerdos migratorios que el gobierno del presidente Donald Trump ha negociado con distintos países desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. La estrategia busca disuadir la migración irregular mediante la amenaza de ser enviado a un destino inesperado y alejado.
Según datos revelados por medios estadounidenses, la administración habría gastado al menos 40 millones de dólares para deportar a unos 300 migrantes hacia países con los que no tienen ningún vínculo. El Congo es el ejemplo más reciente, pero no el único: anteriormente se reportaron deportaciones similares hacia otros países africanos.
Cancillerías de la región exigen explicaciones
La cancillería peruana fue una de las primeras en emitir un comunicado oficial exigiendo información sobre el paradero de sus ciudadanos y reclamando asistencia consular inmediata. Lo mismo hizo Ecuador, cuyos representantes diplomáticos en Washington solicitaron una reunión urgente con el Departamento de Estado.
Desde Colombia, el gobierno también expresó su preocupación y señaló que los ciudadanos colombianos deportados al Congo no habían recibido información previa sobre su destino, lo que calificó como una «violación flagrante» de sus derechos.
Organizaciones de derechos humanos denuncian violaciones al derecho internacional
Diversas organizaciones de derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en el Congo, han calificado estas deportaciones como una violación del derecho internacional de los refugiados, en particular del principio de non-refoulement (no devolución), que prohíbe enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución o poner en riesgo su vida.
«No existe ninguna justificación legal ni moral para enviar a un peruano o a un ecuatoriano al Congo. Esto no es política migratoria, esto es castigo ejemplarizante», declaró una portavoz de la organización Human Rights Watch en declaraciones recogidas por CNN en Español.
El futuro incierto de los deportados
Los migrantes que llegaron a Kinshasa se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Sin documentos válidos en ese país, sin recursos y en un contexto geopolítico interno muy complejo —el Congo atraviesa una larga crisis humanitaria en su este—, su futuro inmediato es profundamente incierto.
Varios de ellos han logrado contactar a familiares en sus países de origen a través de teléfonos prestados. Sus testimonios, recogidos por medios de comunicación latinoamericanos, describen confusión, miedo e incredulidad. «Nos dijeron que íbamos a ser deportados, pero nadie nos dijo a dónde», relató uno de los afectados según una fuente de Telemundo.
