Bolivia vive uno de sus episodios de inestabilidad política más intensos de los últimos años, con protestas masivas que tienen paralizada La Paz por cuarto día consecutivo. Los manifestantes, compuestos por una alianza de sindicatos mineros, movimientos indígenas y organizaciones cívicas, exigen la renuncia del presidente y la convocatoria de elecciones anticipadas ante la grave crisis económica que azota al país.
El gobierno declaró el estado de emergencia en los departamentos de La Paz y Cochabamba y desplegó fuerzas militares para proteger instalaciones estratégicas. La comunidad internacional, a través de la OEA y la UNASUR, llamó al diálogo y a evitar la violencia.
La crisis boliviana tiene raíces profundas en la caída de las reservas de gas natural, principal fuente de ingresos del país durante dos décadas, y en la incapacidad del gobierno de diversificar la economía. El litio boliviano, con las mayores reservas conocidas del mundo, no ha generado los ingresos esperados por la lentitud en el desarrollo de proyectos y los continuos cambios en las condiciones para la inversión extranjera. La presión social puede volverse incontrolable si el gobierno no presenta un plan económico creíble en los próximos días.
