El presidente Donald Trump firmó un decreto ejecutivo que instruye a los reguladores financieros a revisar y potencialmente suspender las cuentas bancarias de personas sin documentos migratorios en regla. La medida, que según la administración busca cerrar el grifo financiero a la migración ilegal, ha generado un fuerte rechazo de la industria bancaria y organizaciones de derechos humanos.
Bancos comunitarios y cooperativas de crédito que atienden a comunidades inmigrantes advirtieron que la implementación sería técnicamente compleja y podría afectar a ciudadanos y residentes legales. Organizaciones como el ACLU anunciaron demandas judiciales de inmediato, argumentando que el decreto discrimina por origen nacional en violación de la Constitución.
La banca comunitaria alertó de que la medida podría empujar a millones de personas hacia la economía informal y prestamistas no regulados, aumentando el riesgo de explotación financiera. La Reserva Federal también expresó preocupaciones sobre la estabilidad del sistema bancario si grandes segmentos de la población quedan excluidos del sistema financiero formal.
